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El siguiente nivel del conflicto colombiano

Juan Camilo Clavijo Martín

El conflicto colombiano se encuentra actualmente en un estado que no se había presentado antes. La guerra ha llegado de manera frontal a las ciudades. Esto ha planteado la tesis de la reformulación de la seguridad democrática como política en Colombia.

Entre 2003 y 2005 surgieron nuevos grupos paramilitares, que el gobierno colombiano ha identificado como Bandas Criminales (BACRIM). Éstas han heredado los negocios del narcotráfico, tráfico de armas y estructuras de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Las BACRIM están llevando a un incremento de los índices de violencia en todo el país debido a la guerra entre sí.

El origen de estos grupos se da cuando los grandes comandantes de las AUC se desmovilizaron y fueron extraditados a Estados Unidos. Los mandos intermedios, al saber que no tenían jefes por encima de sus rangos, decidieron tomar el poder de estos grupos. Esto se hizo a través de una guerra que ha llevado al conflicto colombiano a un “siguiente nivel”.

Se observa el fortalecimiento de la presencia de estas bandas en las ciudades. El ejemplo más claro es la ciudad de Medellín, donde la criminalidad se ha incrementado hasta niveles bastante altos. El microtráfico de drogas, los homicidios y el “ajuste de cuentas” se han convertido en sucesos de la cotidianidad paisa.

Según el Informe de Derechos Humanos de la Personería de Medellín, a finales de 2009 se han incrementado los homicidios en distintas comunas de la ciudad con relación al 2008. El estudio, que recoge cifras oficiales y de las organizaciones que conforman el Comité Municipal de Derechos Humanos, hizo énfasis en el alarmante número de homicidios en ese año. Según la Personería, de Enero hasta el 31 de Octubre de 2009 se registraron 1.717 homicidios, mientras que en el mismo periodo de 2008 fueron 830, lo que representa un incremento del 106,9 por ciento.

Este estado en el que se encuentra la guerra en Colombia está causado por el enfrentamiento entre distintas bandas por el control de pasajes estratégicos en lo rural y por la posesión de ciertos sectores en las capitales colombianas. Así, los actores armados en Colombia han evolucionado al igual que lo ha hecho la estrategia militar de la fuerza pública colombiana.

Durante la administración de Álvaro Uribe, la política de seguridad democrática implementada en 2002 ha tenido un impacto que la ciudadanía colombiana reconoce. Esta política ha propiciado la desmovilización de las AUC y la recuperación de las zonas rurales del sur del país (Sur de Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo y Vaupés), que estaban controladas por las guerrillas (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC y Ejército de Liberación Nacional, ELN); es decir, se ha enfocado en lo rural.

No obstante, los sectores urbanos no se han intervenido de igual manera que lo rural, pues las operaciones militares de seguridad democrática se centraron en recuperar los territorios alejados de las ciudades, que eran fortín de las guerrillas. Por ende, las BACRIM han hecho de las zonas urbanas sus nuevos escenarios. Las urbes se han convertido en espacios de enfrentamientos entre estas bandas, milicias urbanas de las guerrillas y pandillas.

Las BACRIM han sido divididas en seis grupos por el gobierno: Los Rastrojos, Ejército Revolucionario Popular Anticomunista de Colombia (ERPAC), Los Machos, Los Paisas, Renacer y Banda Criminal de Urabá (Los Urabeños).

Cada una de estas bandas tiene presencia en una determinada región del país. Por ejemplo, Los Rastrojos son los herederos de la estructura de Don Berna, comandante de las AUC que ejercían presencia en Antioquia y Córdoba. Hoy, esta estructura se enfrenta a Los Paisas en el Departamento de Córdoba y por sectores de Medellín.

Instituciones como la Fundación Nuevo Arco Iris, han expuesto la idea de que la política gubernamental de seguridad democrática ha alcanzado su pico. En consecuencia, esta medida ha alcanzado su máximo rendimiento en cuanto a la reducción de homicidios e indicadores de violencia, y ha comenzado a descender en sus logros.

De acuerdo con la Fundación Nuevo Arco Iris: “El balance de acciones y presencia de grupos ilegales en el territorio nacional en 2009 registra un panorama distinto. Una nueva generación de paramilitares —llamados “Bandas Criminales” por el Gobierno— se está extendiendo por todo el país y ha alcanzado un número de acciones que excede la suma de incidentes hechos por las FARC y el ELN”.

En el lado estatal esta tesis no es aceptada, puesto que se han hecho importantes capturas de cabecillas (Don Mario o Riñón) y se incrementan los detenidos y judicializados relacionados con estos grupos, además de las múltiples operaciones que se hacen día a día por parte de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en los sitios críticos.

En conclusión, la política de seguridad democrática ha traído mejoras en seguridad nunca antes vistas en el país. Sin embargo, es necesario que la política de seguridad democrática trascienda lo rural, cubriendo los sectores urbanos, pero manteniendo las fuertes acciones en la zona sur del país. Llegó la hora de llevar esta política a un segundo nivel que intervenga de manera más directa a las ciudades.

La actualidad del conflicto en Colombia debe conservar el rumbo que se impuso en 2002. Si esto no se hace, existe el riesgo de perder todo el terreno ganado y volver a la situación de los años 90, cuando los grupos armados tenían el control de distintas zonas del país y la población no podía circular libremente por el territorio nacional.blue square

Juan Camilo Clavijo Martín es Consultor para la Alta Consejería para la Reintegración Social, Gobierno de Colombia. Posee un MA en Desarrollo Social de la University of Sussex.


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