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¿Chile privatizará las semillas?

René Montalba N.

En Chile, la ley sobre Regulación de Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales promulgada en 1994, y aún vigente, consagra el derecho de propiedad intelectual para obtentores vegetales y la protección de las nuevas especies vegetales, las cuales debido a su alto costo técnico y financiero deben protegerse en un marco legal. Actualmente se está debatiendo un proyecto de ley que modificaría este marco legal y que, en conjunto con otras medidas, podría resultar en una privatización de la semilla y una liberación de los transgénicos. Desgraciadamente, la mayoría de los agricultores y ciudadanos desconoce el contenido de dicha iniciativa de ley, aunque podría tener impactos negativos en la biodiversidad de Chile, en la agricultura en general y la agricultura orgánica en particular, así como para los pequeños y medianos productores agrícolas. 

Un obtentor es la persona natural o jurídica que, en forma natural o mediante trabajo genético, ha descubierto y, por lo tanto, logrado una nueva variedad vegetal, es decir que trabaja en el desarrollo de nuevas especies y variedades que represente un mejoramiento productivo. El proyecto de ley que propone regular los derechos sobre las obtenciones vegetales y derogar la ley anterior está, desde el 10 de marzo de 2010, en el segundo trámite constitucional en la Comisión de Agricultura del Senado. Una vez que se apruebe este proyecto, el Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (CIPOV), que se encuentra en segundo trámite desde mayo de 2009, deberá ser aprobado en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. 

De manera paralela, el Ministro de Agricultura de Chile José Antonio Galilea anunció que en junio y julio de 2010 se presentarían las indicaciones al proyecto “Bioseguridad de Vegetales Genéticamente Modificados”, cuya tramitación se encontraba detenida en el Senado desde 2008, orientado a la liberación de los transgénicos. Al mismo tiempo, el gobierno y el Servicio Agrícola y Ganadero del Ministerio de Agricultura se disponen a elaborar un reglamento de la nueva Ley de Medio Ambiente, que asegura la liberación al mercado de los transgénicos, por la vía de declararlos libres de impacto ambiental o ingresarlos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). La experiencia de la ciudadanía respecto de la institucionalidad ambiental y la participación en los procesos de SEIA indica claramente que así las transnacionales lograrán la liberación de los transgénicos.

El debate está dado por las distintas posturas que se han generado frente a este tema, tanto desde la ciudadanía como de los sectores políticos de la región y el país. Por un lado, se ha planteado que para hacer realidad el “Chile potencia agroalimentaria”, se requiere de variedades más adecuadas, productivas y eficientes de las distintas especies cultivadas, lo cual, debido al alto costo de este proceso, solo sería posible si se aseguran los derechos de propiedad intelectual a estos “obtentores vegetales”. Así también, el poder entrar con productos chilenos a mercados de exportación requeriría que se verifique el respeto a la propiedad intelectual que se consagraría en la letra del proyecto de ley sobre las obtenciones vegetales. De acuerdo al proyecto de ley original, del año 2008, la nueva normativa favorecerá el registro en Chile de nuevas especies vegetales creadas no sólo en nuestro país, sino también en el extranjero. En este sentido, el nuevo escenario será favorable para el incremento de la competitividad nacional.

Mientras, los detractores consideran que este proyecto de ley se enmarcaría dentro de las responsabilidades adquiridas por la firma del tratado de libre comercio con Estados Unidos y que sería funcional a los intereses de las grandes empresas transnacionales, las cuales finalmente estarían interesadas en masificar el uso de cultivos transgénicos. Del mismo modo, aseguran que, de ser aplicada, se minaría la independencia de los agricultores sobre el derecho a reproducir sus semillas y mantener su patrimonio genético, ya que fortalece los derechos de las transnacionales agroquímicas o semilleros y vulnera los derechos de las comunidades campesinas e indígenas y de los agricultores orgánicos. Por ello este proyecto de ley de privatización de la semilla, desconocido por la mayoría de los agricultores y ciudadanos, debe ser rechazado por sus impactos negativos en la biodiversidad —patrimonio de todos los chilenos— y por sus nefastas consecuencias para el desarrollo de la agricultura en general, y en especial para la pequeña y mediana agricultura y la agricultura orgánica. 

Existe una desinformación de la opinión pública sobre la letra y los alcances de este proyecto de ley. Es probable que parte de la polémica que la ley ha generado tienda a reducirse o que genere puntos de consenso o solución mediante el desarrollo de actividades que permitan un análisis más profundo desde los distintos puntos de vista. Como ejemplo de esto, la desconfianza de grupos ciudadanos respecto de la pérdida del “derecho de los agricultores” a conservar y reproducir sus semillas tradicionales, o los posibles efectos derivados de esta ley en la pérdida de biodiversidad silvestre, podrían ser solucionados mediante la tramitación conjunta de un proyecto de ley que resguarde la diversidad agrícola y natural.

René Montalba N. ocupa el cargo de Director del Instituto de Medio Ambiente (IMA) desde agosto de 2008 y desde noviembre de 1999 se desempeña como académico de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de la Universidad de la Frontera en Chile. Sus principales áreas de expertizaje e interés corresponden a sustentabilidad agraria, agroecología, manejo sustentable de recursos naturales y gestión ambiental.


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