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El perímetro de seguridad norteamericano: ¿mesa para tres?

Victoria M. Osuna

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Foto: Wikimedia Commons; Gingrey House.

Muralla fronteriza de EE.UU. cerca de El Paso.

La nota de Steven Chase publicada por The Globe and Mail el 8 de diciembre de 2010, según la cual Estados Unidos y Canadá estarían negociando el establecimiento de un “perímetro de seguridad” norteamericano, ha reabierto la discusión sobre la necesidad de interactuar a nivel trilateral en materia de fronteras. A pesar de que hasta el momento la discusión se ha limitado al ámbito bilateral, una de las preguntas que se encuentran en el aire es si, como lo sugiere la lógica del libre comercio, México sería eventualmente incluido en las discusiones sobre el citado perímetro. Desde luego, la participación mexicana en el debate sobre cooperación fronteriza es deseable; no obstante, el que México ocupe un lugar en la mesa de negociación se antoja difícil debido a las características de su frontera norte así como al incremento de violencia en el país.

Históricamente, han existido dos acepciones distintas de la palabra “frontera” en América del Norte. Hacia el Norte, Canadá y Estados Unidos comparten una línea fronteriza de 8,891 kilómetros que hasta el 11 de septiembre 2001 se había caracterizado por ser la frontera sin protección más larga del mundo. Esto se debe a que ambos países han concebido siempre su frontera como una zona limítrofe (boundary) similar a las divisiones, a veces muy tenues, que se tienen para con la propiedad de un buen vecino. En tanto, hacia el Sur, a lo largo de los 3,169 kilómetros compartidos entre Estados Unidos y México se ha erigido desde la década de los 70 una verdadera frontera (border), caracterizada por estrictos controles establecidos por ambos gobiernos. Esta situación se desprende de la manera en que los dos países han definido la línea fronteriza como un cerco que no sólo divide, sino que se encuentra ahí con el objetivo de impedir la entrada a los extraños.

Si bien la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994 produjo cambios importantes en la región, haciendo necesaria una mayor coordinación para facilitar la circulación de bienes y personas, la forma de concebir y operar las fronteras intra regionales no se modificó sustancialmente. No fue sino hasta 2001 que la situación cambió, cuando el gobierno de Estados Unidos cerró durante varias horas sus accesos terrestres en respuesta a los ataques terroristas del 11 de septiembre. Esta reacción del gobierno estadounidense dejó en claro que garantizar la seguridad de las fronteras era una de sus prioridades, y que México y Canadá tendrían que buscar un acercamiento con Washington para participar del resguardo de las mismas si deseaban mantener el acceso privilegiado al mercado estadounidense.

Desde entonces la idea de establecer un “perímetro de seguridad” norteamericano, que contempla la armonización de las políticas para controlar el flujo de personas y mercancías dentro del territorio del TLCAN, cobró importancia para el debate regional. La lógica de la integración comercial sugeriría que la mejor manera de resolver la contradicción entre libre comercio y seguridad se encuentra en la implementación de un mecanismo de cooperación trilateral. Ahora bien, la particular forma de concebir la frontera sur, aunada al clima de violencia que se vive en México, constituyen dos obstáculos que impiden la incorporación mexicana a tal mecanismo.

Por lo que hace a la compleja situación de la frontera sur, debemos señalar que ésta siempre ha sido objeto de una vigilancia estricta por parte del gobierno estadounidense a través de la Border Patrol, y que dicha vigilancia fue reforzada el año pasado con la inclusión de la Guardia Nacional en labores de resguardo de la zona en cuestión. Esta atención particular en la frontera sur se debe al gran número de inmigrantes ilegales que a través de ella ingresan diariamente a Estados Unidos, y cuyo incremento en volumen requirió la adopción de medidas radicales. En este contexto, el Senado estadounidense aprobó en 2006 la construcción de una muralla fronteriza de más de 600 kilómetros y la implementación de un cerco virtual altamente tecnificado en la colindancia con México, confirmando así la visión de la frontera sur como un “border”, físicamente cerrado y conceptualmente rígido.

Por lo que toca al clima de violencia en México, la situación se ha agravado como consecuencia de la “guerra contra el crimen organizado” que el presidente Felipe Calderón declaró a su llegada a finales del 2006. Basta referirse a las cifras reveladas el 12 de enero de 2010 por Alejandro Poiré, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, sobre los homicidios relacionados con el narcotráfico y el combate al crimen organizado: entre diciembre de 2006 y 2010 se ha registrado un total de 34,612 homicidios, de las cuales casi el 40 por ciento se localizaron en la zona fronteriza. Como es de esperarse, esta explosión de violencia ha generado inquietud en la Casa Blanca pues, a pesar de que el ejército mexicano se encuentra en las calles del país para garantizar la seguridad de la población, en realidad el gobierno parece haber perdido el control de lo que sucede en la frontera.

Este clima de franca violencia parece haber alterado el orden de prioridades en la agenda fronteriza bilateral, pues si bien es cierto que a partir de 2001 se reforzó la vigilancia como parte de la “guerra contra el terrorismo”, también debemos reconocer que el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera coincide con el inicio de la ola de violencia en México. Esta situación ha puesto de manifiesto que, por primera vez, el problema de la inmigración ilegal ha sido temporalmente desplazado en importancia, ya que ahora la mayor preocupación de Estados Unidos es impedir a toda costa que la violencia atraviese la frontera.

¿Qué decir entonces de la eventual inclusión de México en la discusión sobre el “perímetro de seguridad” de América del Norte? Aunque la participación mexicana sea deseable, todo parece indicar que mientras el gobierno mexicano no logre resolver el problema de la violencia e inseguridad internas, derivado de un sistema social arraigado en la corrupción y el abandono, la posibilidad de incluir a México como tercer invitado a la mesa está lejos de realizarse. En este sentido, si bien es imposible pretender que México no se encuentra ahí como un actor crítico para la cooperación fronteriza norteamericana, el único escenario plausible en el corto plazo sería mantenerlo al margen de la discusión, lo que lamentablemente constituye, en definitiva, un retroceso para el proceso de integración norteamericana.

Victoria M. Osuna es investigadora asociada de la Chaire de recherche du Canada en politiques étrangère et de défense canadiennes (Cátedra de Estudios sobre Canadá en políticas exterior y de defensa canadienses), Université du Québec à Montreal.


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