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Derechos indígenas en Argentina

Maria Delia Bueno

En noviembre de 2010, la policía argentina reprimió en La Primavera, provincia de Formosa, un movimiento de la comunidad indígena Toba Qom que pretendía hacer visible su reclamo de tierras comunitarias por medio de un corte de ruta que duró casi cuatro meses. Este hecho demostró la falta de reconocimiento efectivo de las autoridades de la comunidad y de sus derechos territoriales, la criminalización de sus lideres y los graves problemas de disfrute de derechos económicos, sociales y culturales —acontecimientos a los que los poderes públicos no fueron ajenos. Aunque el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas se inició en la Argentina hace más de dos décadas, no ha dado una solución de fondo porque su ejercicio no está garantizado.

Los derechos de los pueblos indígenas se plasmaron en la Constitución Nacional Argentina de 1994, en constituciones provinciales y en otras leyes precedidas por la ley sobre Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes de 1985. Pese al nuevo clima reinante, las primeras naciones enfrentan la falta de implementación y la tortuosa relación con el Estado. Los reclamos sobre tierras, territorios y recursos naturales de las comunidades indígenas —cuestión central a focalizar— continúan y se complejizan.

El sistema de propiedad del suelo programado por el Estado después de la conquista no contempló las formas indígenas. Al carecer de protección legal, las comunidades quedaron a merced de apropiadores, administradores y autoridades locales y, como consecuencia del atropello y la destrucción de su base productiva tradicional de autosuficiencia alimentaria, fueron empujadas a zonas remotas y aisladas o a las ciudades.

Hoy en día, las tierras aprovechadas para la caza, pesca, recolección de frutos, agricultura, crianza de pequeños animales o destinadas a cementerios y lugares sagrados, son codiciadas para desarrollar grandes emprendimientos: industria maderera y extractiva, explotación de recursos mineros e hidrocarburos y de recursos naturales, construcción de ductos y carreteras, expansión de la agricultura a gran escala, represas, y turismo. El detrimento de tierras y aguas provoca el desequilibrio y la destrucción del medio ambiente. Se producen desalojos, desplazamientos, usurpaciones, hostigamientos y malestar permanentes.

De hecho, en Argentina todavía coexisten dos sistemas jurídicos: el de las sociedades preexistentes y el implantado por los conquistadores, que es administrado por el Estado. Los sistemas indígenas son consuetudinarios, no formales, de tradición oral y basados en la cultura y en las prácticas grabadas en una memoria histórica que ninguna autoridad centralizada impuso ni regula. La propiedad de la tierra es colectiva o comunitaria y las parcelas, flexiblemente delimitadas, no habían sido mensuradas antes de la ocupación originaria. Es inalienable, se transmite históricamente a los descendientes y está destinada al desarrollo del grupo a través de una relación espiritual profunda.

En cambio, los sistemas europeos son legales o formales, de tradición escrita, impartidos y administrados por el gobernante, burocráticos y estandarizados. La propiedad de la tierra, relevada y demarcada, es individual o privada. Figura a nombre de su titular y es enajenable. Importa riqueza o cosa productiva destinada a la circulación y al lucro en el mercado inmobiliario mediante relaciones jurídicas.

Asimismo, el Derecho Consuetudinario difiere sustantivamente de las grandes familias jurídicas occidentales (Common Law y Derecho Civil). Posee tradición, fuentes, accesos, constelación de valores, conceptos, racionalidad y carece de órganos específicos de producción normativa, datos configurantes de un sistema jurídico. El punto central del asunto no es la existencia o el reconocimiento del Derecho Consuetudinario sino su recepción por el derecho nacional.

Pero el derecho estatal argentino es monocultural y ciego a la diversidad. Aunque en 1994 se reconoció que el país es multiétnico donde existe un Derecho Consuetudinario indígena, lo diverso no tiene cabida en un sistema occidental y único que desconoce el pluralismo jurídico y niega lo distinto.

Como los pueblos indígenas viven en una sociedad mayor dentro de un Estado legalmente organizado, se producen intersecciones entre sus costumbres y la ley. Por ser diferente el concepto de propiedad en ambos sistemas, en algunas provincias se llama “fiscaleros” a los ocupantes precarios de tierras fiscales (antiguos territorios indígenas cuyo titular pasó a ser el Estado). Sin embargo, por mandato constitucional ellos son legítimos propietarios de las tierras, que deberían ser registradas a su nombre.

En cuanto a los derechos territoriales para frenar los lanzamientos, en 2006 se dictó la Ley de Emergencia en materia de Propiedad y Posesión de las Tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias. Esta ley fue prorrogada hasta el año 2013 y en su cumplimiento, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas —organismo rector dependiente del Ministerio de Desarrollo Social— ejecuta el Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas. Dicho relevamiento comprende el reconocimiento del terreno, la agrimensura y el registro de la propiedad inmueble para la titularización de las tierras ancestrales. Esta operación, que reconoce el Derecho Consuetudinario y contempla la cartografía cultural, se funda en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, ratificado por Argentina mediante la ley de 1992 y reconocido en la Constitución Nacional.

Lejos de traer soluciones integradoras y definitivas, su ejecución ha agitado los conflictos y los intereses en juego. Existen superposiciones, violaciones, obstáculos, demoras y cuestionamientos de las comunidades por deficiente participación indígena. Las instituciones han sido asimilacionistas y las respuestas, paternalistas. Las comunidades parecen foráneas en sus territorios natales. Los derechos territoriales e identitarios consagrados, en vez de aplicarse, se reemplazan por planes o programas voluntaristas y asistencialistas. El reconocimiento de los derechos indígenas exige nuevas estrategias, pero no hay formación ni empoderamiento para su ejercicio y goce. Se nota excesiva litigiosidad y vulnerabilidad, con ausencia de sensibilización en los argentinos.

Argentina podría considerar las lecciones aprendidas en Canadá, donde se han institucionalizado los reclamos sobre la tierra y sus recursos naturales a través de reivindicaciones integrales y específicas. Dos vías abordan estas demandas: los tratados, que son fuente para resolver antiguos reclamos y disputas pendientes y la negociación, método alternativo y opcional de resolución de conflictos que evita la instancia judicial y que las cortes promueven en beneficio de todos los canadienses. Se notan potentes desarrollos y gran pericia en los operadores y servidores —líderes, funcionarios, profesionales, académicos—, con concientización de la sociedad canadiense.

Además, Canadá ha desarrollado los Estudios Aborígenes desde el enfoque interdisciplinario y el abordaje holístico con despliegue de herramientas y estrategias descolonizantes. Sería auspicioso que en Argentina se instalaran, desde esta perspectiva, estudios indígenas sistemáticos no compartimentalizados que capitalizaran las experiencias canadienses para efectivizar los derechos reconocidos en beneficio de todos los argentinos.

Maria Delia Bueno es abogada en Argentina y Asesora Jurídica de la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas de Argentina (ONPIA). También es miembro del Equipo de Investigación de Educación para la Paz, Facultad de Psicología, Universidad del Salvador. La autora puede ser contactada en: maria_delia _bueno@hotmail.com.


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