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Diversidad de voces y derecho a la información en América latina

Damián Loreti y Luis Lozano

Establecer estándares normativos para enriquecer el debate público es un desafío regional.

La mayoría de los países de América Latina enfrenta escenarios de profunda desigualdad en el acceso a los medios de comunicación. Esta situación impide que todos los sectores de la sociedad puedan hacer oír su voz en condiciones equitativas, y exige avanzar en la desconcentración de los sistemas mediáticos, impedir la consolidación de nuevas posiciones dominantes e incentivar el surgimiento de nuevos actores en el sector de los medios de comunicación de masas.

Esto no implica de ningún modo dejar de lado la agenda tradicional vinculada a controlar y denunciar cualquier tipo de restricción, directa o indirecta, que los poderes del Estado pueden imponer —y de hecho imponen todavía en muchos países de la región— para limitar el ejercicio del derecho a la información.

En muchos casos es necesario revisar legislaciones autoritarias y contrarias a los principios de los derechos humanos, heredadas de las dictaduras militares de las décadas de 1970 y 1980. A continuación analizamos la situación de algunos países en los que se han producido novedades recientemente.

Argentina

En Argentina, el Congreso Nacional aprobó en octubre de 2009 la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que reemplazó a la normativa promulgada por la última dictadura militar en 1980. La nueva regulación está basada en estándares internacionales de derechos humanos y apunta a la promoción del pluralismo y la diversidad. Entre otras cosas, prevé una reserva de un tercio del espectro para los radiodifusores no comerciales y pone límites a la concentración de la propiedad. También en 2009 el Congreso despenalizó las expresiones referidas a temas de interés público. Ambas reformas constituyeron un avance inédito en materia de libertad de expresión en el país. No obstante, el proceso de implementación de la nueva normativa sobre comunicación audiovisual demanda sortear obstáculos y presiones de los grupos multimedia para lograr una efectiva democratización.

Bolivia

En Bolivia la Constitución Nacional que entró en vigencia en 2009 prohíbe los monopolios y oligopolios mediáticos. Establece además que los medios deberán ayudar a difundir las diversas expresiones propias de un estado pluricultural e incorpora la cláusula de conciencia para los periodistas y trabajadores de la comunicación. El desafío de cara al futuro es elaborar normas específicas que pongan en operación los principios constitucionales.

Brasil

En Brasil, la Constitución también prohíbe los monopolios y oligopolios y la entrada de capitales extranjeros en el mercado de medios. A ello se suman regulaciones específicas como la ley general de telecomunicaciones, el régimen de radios comunitarias y la Lei do Cabo (TV por suscripción). Sin embargo, los radiodifusores no comerciales son discriminados, y más de 7,000 personas están involucradas en procesos penales por delitos vinculados con el ejercicio de la libertad de expresión. El gobierno ha anunciado cambios en la regulación. También se espera que la condena de la Corte Interamericana en el caso Gómes Lund —que ordenó juzgar a responsables de crímenes de lesa humanidad y tomar medidas efectivas que permitan garantizar el derecho a la verdad de lo ocurrido— de noviembre de 2010 acelere el proceso de creación de una ley de acceso a la información pública.

Chile

Regulaciones refuerzan la histórica discriminación padecida por los radiodifusores comunitarios

En Chile, la Ley de Radiodifusión se promulgó en 1989, durante la dictadura del general Augusto Pinochet. Si bien se encuentra prohibida la entrada de capitales extranjeros, el grupo español PRISA posee más de 10 importantes radios en todo el país. Además, recientes regulaciones refuerzan la histórica discriminación padecida por los radiodifusores comunitarios, que son perseguidos penalmente y obligados a entregar sus equipos. Las radios no comerciales sólo pueden transmitir en FM, en sectores marginales del espectro y con mínima potencia. Por otra parte, el principal medio público, Televisión Nacional, se financia a través de ingresos publicitarios, lo que equipara su lógica de funcionamiento a la de los radiodifusores comerciales. Otro importante medio público, el periódico “La Nación”, fue cerrado por decisión del Poder Ejecutivo en 2010.

Ecuador

En Ecuador, desde la llegada al gobierno del presidente Rafael Correa, los medios de comunicación privados se opusieron a toda iniciativa democratizadora. Esa disputa quedó en evidencia a fines de septiembre de 2010, cuando la policía nacional lideró un intento de golpe de Estado que fue apoyado por los principales medios gráficos y audiovisuales. En la actualidad, el Congreso discute una nueva ley de comunicaciones que incorpora a los radiodifusores comunitarios, fortalece el sistema de medios públicos y pone límites a la concentración. Ese debate debería alumbrar un marco legal que amplíe la diversidad de voces y el pluralismo informativo, en un escenario que todavía presenta condiciones muy desiguales para el acceso al debate público.

Uruguay

En Uruguay la Ley de Radiodifusión de 1967 incluye previsiones incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos. A lo largo de 2010 un enriquecedor debate ciudadano dio como resultado el borrador de una nueva ley, pero el presidente José Mujica rechazó la propuesta y desperdició así la oportunidad de avanzar en una normativa democrática. No obstante, en 2007 el parlamento había aprobado una ley que reconoce los derechos de los radiodifusores comunitarios y garantiza su no discriminación, y en 2008 se derogaron las figuras de desacato y difamación.

Venezuela

En Venezuela la constitución reconoce el derecho de cada persona a recibir y difundir informaciones y opiniones y el derecho de rectificación. A partir de estas previsiones, la ley de responsabilidad social en radio y televisión, que entró en vigencia en 2004, y su enmienda de diciembre de 2010 que incorporó a los medios electrónicos, establecen duras sanciones bajo supuestos que pueden ser considerados ambiguos. La ley prevé además mecanismos de censura administrativa en el marco de procesos sancionadores que se oponen a lo dispuesto por la Convención Americana de Derechos Humanos.

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos busca garantizar el derecho de los ciudadanos a recibir la máxima diversidad posible de información a resguardo tanto de la intervención gubernamental como de los intereses económicos que guían a las empresas del sector. Desde esta perspectiva, los países latinoamericanos enfrentan el desafío común de establecer estándares normativos para enriquecer el debate público y consolidar así los sistemas democráticos.


Damián Loreti (dloreti@sinectis.com.ar), abogado y Doctor en Ciencias de la Información, es docente e investigador en distintas universidades de Argentina y fue vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Luis Lozano (llozano@cels.org.ar) es docente e investigador en la Universidad de Buenos Aires y dirige el área de Comunicación del Centro de Estudios Legales y Sociales.



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